El sistema de justicia penal en EE. UU. impone una "forma oculta de castigo" a los individuos encarcelados en forma de tarifas. Estas tarifas, que pueden ascender a decenas de miles de dólares, se cobran en cada etapa del proceso, incluyendo fianza, honorarios del defensor público, costos del tribunal y más. Estas tarifas son separadas de multas y restituciones, y funcionan como una forma de impuesto predatorio para recaudar ingresos para el gobierno. Las tarifas pueden variar ampliamente dependiendo del estado, la municipalidad y la institución. Las consecuencias económicas de estas tarifas pueden ser severas, especialmente para aquellos que ya están luchando financieramente. Las deudas resultantes pueden dañar los puntajes de crédito, impedir que las personas voten, y interferir con su capacidad para encontrar empleo y vivienda. En algunos casos, las personas pueden recurrir al crimen para pagar estas deudas, perpetuando un ciclo de castigo y reincidencia. Este sistema es punitivo más que rehabilitador, y puede tener consecuencias negativas duraderas para aquellos involucrados. Las tarifas pueden ser una carga significativa, incluso después de que las personas han cumplido sus sentencias. En general, el sistema de tarifas en el sistema de justicia penal de EE. UU. es un obstáculo importante para la rehabilitación y la reintegración en la sociedad.
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The Punitive and Predatory Cost of Going to Jail
