Ramp, una startup de tecnología financiera, propuso soluciones a las ineficiencias en el gasto gubernamental, haciéndose eco de ideas promovidas por Trump y Musk. Ramp, careciendo de contratos federales, insinuó que el gobierno debería contratarla para la gestión presupuestaria, de forma similar a su trabajo con empresas privadas. A los pocos meses, ejecutivos de Ramp se reunieron con los designados por Trump en la GSA (Administración de Servicios Generales), incluido el principal responsable de adquisiciones. Estas reuniones se centraron en un posible programa piloto de 25 millones de dólares para SmartPay, el programa de tarjetas de gastos del gobierno, valorado en 700 mil millones de dólares. Entre los inversores de Ramp se encuentran figuras poderosas como Peter Thiel, que tiene fuertes lazos con la administración Trump. La atención especial prestada a Ramp generó preocupación por un posible favoritismo y la elusión de los procedimientos de contratación estándar. Los críticos argumentan que la creencia de la GSA en un fraude generalizado en SmartPay es infundada, citando auditorías que muestran un fraude mínimo. El proceso apresurado y el corto plazo para el programa piloto levantaron sospechas sobre la transparencia y la equidad. La participación de Ramp plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y sobre si la empresa se asegurará todo el contrato de SmartPay. La situación destaca una importante oportunidad de negocio con posibles implicaciones para los empleados y agencias federales.