La administración Trump ha utilizado amenazas legales y demandas para lograr sus objetivos políticos, particularmente en Texas. Esta estrategia permitió a la administración eludir los procesos legislativos y asegurar resultados deseados. Por ejemplo, el Departamento de Justicia amenazó con demandar a Texas por su mapa del Congreso, que luego fue rediseñado para beneficiar a los republicanos. Este esfuerzo de redistritación eludió la legislatura estatal, generando acusaciones de manipulación racial (gerrymandering). El gobernador Greg Abbott y el Fiscal General Ken Paxton colaboraron con el Departamento de Justicia en este asunto.La administración también utilizó acciones legales para poner fin al "Texas Dream Act", que proporcionaba matrícula estatal a estudiantes indocumentados. Se presentó una demanda y Texas se unió pidiendo que la ley fuera declarada inconstitucional. Esta maniobra eludió la oposición legislativa a la derogación de la ley. Expertos legales critican este enfoque como autoritario y una desviación de las normas legales.Además, la administración Trump resolvió una demanda que efectivamente debilitó la prohibición de que las iglesias participen en campañas políticas. Esto se logró sin el apoyo del Congreso, demostrando un patrón de uso de los tribunones para avanzar en la agenda del presidente. Estas acciones en Texas son parte de una tendencia más amplia de la administración Trump de emplear tácticas legales agresivas. Los críticos argumentan que esta estrategia socava los procesos democráticos y el estado de derecho. Las acciones de la administración reflejan una mentalidad de "ganar a toda costa".