Revolution Wind LLC, copropiedad de Orsted y Global Infrastructure Partners, ha demandado a la administración Trump por la paralización de su proyecto eólico marino, que está completado en un 80%. La Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior suspendió la construcción citando preocupaciones de seguridad nacional no especificadas. Esta demanda siguió a un Memorando Presidencial que ordenaba una revisión exhaustiva de los proyectos de energía renovable en la Plataforma Continental Exterior. Los fiscales generales de Connecticut y Rhode Island también han presentado demandas para anular la orden de cese de trabajos. Revolution Wind argumenta que la orden es inválida, fue emitida sin autoridad y causará un daño financiero devastador. Ya han invertido aproximadamente 5.000 millones de dólares y se enfrentan a más de 1.000 millones de dólares en costos de cancelación si el proyecto se cancela. El Fiscal General de Connecticut calificó la orden de cese como una "guerra total" contra la energía eólica y "completamente ilegal y sin fundamento". Una portavoz de la Casa Blanca declaró que la orden refleja una revisión de las prácticas de los proyectos eólicos teniendo en cuenta las demandas de energía confiable y otros impactos. El analista de UBS, Dominic Ellis, considera la demanda como una señal de que las negociaciones entre bastidores no van bien. La resolución de los problemas de Orsted en Estados Unidos parece poco probable en un futuro inmediato. La administración Trump favorece la energía de combustibles fósiles confiable y la energía nuclear sobre lo que considera fuentes de energía verde frágiles.