Lloyd Gray fue condenado por violación en Luisiana en 1980 por un jurado no unánime, recibiendo una sentencia de cadena perpetua a pesar de que dos jurados votaron para absolverlo. Este tipo de condena, arraigada en la discriminación racial histórica, fue declarada inconstitucional posteriormente por la Corte Suprema de los EE. UU. Sin embargo, la sentencia no se aplicó automáticamente de manera retroactiva a individuos como Gray, quien ha mantenido su inocencia. La corte suprema estatal y la legislatura de Luisiana han resistido anular condenas pasadas por jurados divididos, dejando a muchos prisioneros, predominantemente hombres negros, encarcelados. Una ley reciente restringe aún más a los fiscales para ofrecer tratos para la liberación, cerrando una vía crucial para el alivio. Los expertos legales critican la decisión de la Corte Suprema por no hacer que la sentencia sea completamente retroactiva, a diferencia de casos similares. Oregon, por otro lado, ha anulado todas esas condenas y ha ofrecido tratos a la mayoría de los prisioneros afectados. La evidencia sugiere que el sesgo racial jugó un papel en la condena de Gray, con dos jurados negros que votaron no culpable y una esvástica encontrada en su expediente. La permisividad del estado para jurados no unánimes se originó en el deseo de despojar a los jurados negros de sus derechos y mantener la supremacía blanca. A pesar de los argumentos sólidos para su liberación, Gray sigue encarcelado, con una nueva ley que potencialmente bloquea su camino hacia la libertad.